El plan contra la hiperregulación acumula 343 actuaciones en tres años, que han permitido reducir trámites y acelerar inversiones en la comunidad.
Lo difícil no es lanzar un plan de choque contra la burocracia, sino ‘aterrizarlo’ y obtener resultados. El Gobierno madrileño anunció su Línea Abierta contra la Hiperregulación en la primavera de 2021. En los meses sucesivos, sus resposables se afanaron en demostrar que la cosa iba en serio, identificando la “grasa” burocrática sobrante. A base de aplicar el bisturí, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ya está en condiciones de presentar los frutos: la Comunidad de Madrid ha aplicado 343 actuaciones dirigidas a eliminar trabas administrativas.
Que el plan ha cogido velocidad de crucero lo demuestra otro dato: el 40% de esas acciones se han ejecutado en lo que va de año. Son 138 medidas, casi una al día (0,76). No extraña que los responsables de la Línea Abierta saquen pecho en la actualidad. Los datos los desmenuzó este lunes el director general de Economía, Juan Manuel López Zafra, en la sede de la Cámara de Comercio de Madrid. Estaban presentes la consejera de Economía, Rocío Albert, y el viceconsejero, Daniel Rodríguez Asensio.
Juntos han avanzado por una senda que abrió en su día el predecesor de Albert, Javier Fernández-Lasquetty. La idea surgió en lo peor de la pandemia y cobró forma en marzo de 2021. La iniciativa partía de la propia presidenta regional, decidida a convertir Madrid en un ejemplo a seguir por su capacidad para generar actividad y atraer inversión.
El éxito cosechado tiene unas claves. Una de las principales es haber implicado a todas las consejerías. La Línea Abierta la lidera la de Economía, al mando de Albert. Gestiona un buzón que recibe las ‘quejas’ de empresas, autónomos y particulares sobre las trabas regulatorias. Pero el resto de las consejerías también identifican problemas internos y proponen soluciones a través de una comisión creada al efecto.
Ese trabajo común permite que la lucha contra la burocracia sea transversal. Un ejemplo: según el balance presentado este lunes, el 22% de las acciones tienen que ver con la economía y el empleo; el 18%, con políticas sociales; y el 17% con el medioambiente y la agricultura (el resto aluden a otros aspectos del día a día).
Entre las medidas adoptadas está la reducción a la mitad de los plazos de tramitación de proyectos o el silencio administrativo positivo, en el caso de las iniciativas que no han recibido una respuesta rápida de la administración (30 días). La Comunidad prefiere examinar esos proyectos a posteriori, con tal de arranquen cuanto antes.
La inversión se acelera en Madrid
La supresión de la carga normativa ha permitido impulsar proyectos como la Aceleradora de Inversiones, que ya ha potenciado -por ejemplo- un centro de datos de 1.300 millones en San Agustín de Guadalix, que generará 1.000 empleos. En el caso de los proyectos industriales, el Ejecutivo regional también simplica el acceso a las ayudas. Y para el ‘común’ de los ciudadanos, la Comunidad ha desarrollado herramientas tecnológicas que ahorran pasos, como el pago de tasas inferiores a 1.000 euros por Bizum.
Al final, de lo que se trata es de “quitar grasa” de las administraciones, aseguraba este lunes en Madrid el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. La ‘limpieza’ ha propiciado que la comunidad luzca hitos como los que recuerda ahora Rocío Albert: en la región se crean 80 empresas y 347 empleos cada día. Gracias a ello, Madrid se ha consolidado como el principal motor del PIB nacional, aumentando la brecha con Cataluña, donde la regulación sigue avanzando en lugar de retroceder.
