Asociaciones de víctimas han denunciado a los responsables de la crisis sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias han interpuesto una denuncia conjunta para promover una investigación sobre la situación vivida por las personas mayores que habitaban las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante el comienzo de la pandemia por Covid-19. En total, son 109 denunciantes familiares de 115 residentes en 72 geriátricos de la Comunidad, de los cuales fallecieron 111 de ellos. Consideran que se ha cometido, como mínimo, un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, obedeciendo a los infames protocolos que se aplicaron en la región para no derivar a los pacientes de las residencias a los hospitales de la Comunidad. Este delito está tipificado en el artículo 511 del Código Penal, sin que para su sanción sea necesario esperar a sus consecuencias, sino que basta simplemente con la denegación de la prestación para cometerlo.

La denuncia se dirige contra 29 personas: los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes a su vez fueron el firmante y el autor de los dos protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes madrileños; Pablo Busca Ostalaza, director del SUMMA 112 en aquel momento; Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional que incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo, y los geriatras responsables de aplicar los citados protocolos en los 25 hospitales públicos madrileños.

Sin embargo, los denunciantes valoran que las responsabilidades no se quedan únicamente en estas 29 personas. “En la presente denuncia sólo se menciona a aquellas personas sobre las que existen pruebas claras o indicios sólidos de participación en los hechos denunciados. Pero es más que probable que, durante la investigación fiscal y judicial, aparezcan otras personas que hayan tomado decisiones que prueben su autoría en el delito castigado en el artículo 511 del Código Penal”, añaden.

Nuevas pruebas

La denuncia, de 160 páginas de extensión y a la que ha tenido acceso ElPlural.com, contiene hasta 60 documentos, de los cuales una buena parte son ya conocidos, pero existen otros inéditos, como algunos informes internos del Gobierno madrileño en los que se reflejaba día a día la situación en la que estaban los 475 geriátricos de la región.

Dichos informes se empezaron a elaborar el 18 de marzo de 2020 y cada uno de ellos contiene datos como el número de residentes positivos o aislados con síntomas de covid, el número de profesionales contagiados o en aislamiento domiciliario o las necesidades de personal que tenía cada centro. Se elaboraban dos diarios por parte de la Consejería de Políticas Sociales: uno con los datos de las 25 residencias de gestión pública y otro con las 450 residencias de gestión privada, y eran enviados todas las noches a la Consejería de Sanidad para la correspondiente adopción de medidas. Los denunciantes aportan hasta siete informes, fechados en los días 23 de marzo, 31 de marzo, 7 de abril y 15 de abril, pero solicitan a la Fiscalía que pida todos los existentes.

Uno de los problemas principales que aquejan los informes es la necesidad de personal. “37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras“, para ser exactos. En cuanto a la decisión que prohibió el traslado de residentes a los hospitales, otro documento revela que empezó a aplicarse el 13 de marzo de 2020, y que el anuncio del Gobierno de Ayuso para “medicalizar las residencias” consistió, únicamente, en enviar 24 médicos y 25 enfermeras en marzo y abril de 2020, realizando una cobertura muy por debajo de las necesidades de personal de la región.

“Entendemos que las pruebas que se aportan son tan contundentes que el Ministerio Fiscal judicializará nuestra denuncia cuanto antes. En todo caso, como también se indica en el escrito, queremos recordar a la Fiscalía que los hechos delictivos que se denuncian podrían prescribir a partir de marzo del año que viene, 2025. Es su única y exclusiva responsabilidad impedir que esto ocurra. Suficiente anomalía es ya que hayamos tenido que ser los familiares de las víctimas quienes buscamos y encontramos unas pruebas que a la Fiscalía y a los tribunales les habría costado muchísimo menos conseguir”, exponen los denunciantes.