Madrid tendrá mano dura contra las viviendas de uso turístico (VUT). Además de endurecer las sanciones y de incrementar el número de inspectores para su control en la región, Isabel Díaz Ayuso prohibirá que los inmuebles de protección pública sean utilizados como pisos turísticos.

Esta decisión se encuadra en el objetivo de la Comunidad de Madrid de adaptar la normativa del control de viviendas de uso turístico al contenido de las sentencias sobre la materia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). De hecho, el Consejo de Gobierno regional ha recibido este miércoles el informe del proyecto de Decreto, con carácter previo a la audiencia e información pública.

En este informe, que todavía no se ha publicado en el portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, se detallan una serie de modificaciones de la normativa que “van dirigidas a actualizar los requisitos para garantizar la calidad del productor turístico y a salvaguardar la protección de los derechos de los usuarios“, según ha destacado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Entre las medidas más destacadas del documento, se establece que sean los titulares de la prestación de servicios de alojamiento turístico, en lugar de los propietarios de la vivienda, los obligados a presentar la declaración responsable para el inicio de la actividad en el alojamiento.

Del mismo modo, se actualizará el Decreto actual en cuanto a los requisitos de las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos para garantizar una determinada calidad del producto turístico, en defensa y protección de los derechos de las personas usuarias.

En este sentido, se especifica de forma clara la prohibición de este uso turístico en las viviendas de protección pública o en los inmuebles que así se indique en sus estatutos aprobados por la comunidad de propietarios.

También el nuevo texto aclara que corresponde a los Ayuntamientos introducir, cuando proceda, las exigencias sobre el uso compatible o complementario de este tipo de viviendas.

Más sanciones e inspectores

En otro orden de cosas, a mediados de junio la Comunidad de Madrid también avanzó que seguirá los pasos de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid y otras autonomías y elevará las sanciones e incrementará las inspecciones en la capital para garantizar un turismo de alto valor.

En concreto, 13 nuevos efectivos se unirán al equipo actual de 16 inspectores, a los que además se sumarán otras cuatro personas que se asignarán a la aplicación del nuevo reglamento de la UE sobre el alquiler de corta duración. En total, 33 efectivos supervisarán el correcto funcionamiento de esta actividad.

También adoptará otras medidas como el endurecimiento de las sanciones. Estas multas, de las que todavía se desconoce su importe, se impondrán en caso de desobediencia o falsedad para aquellos supuestos en los que se establezca la baja de la actividad. El Ayuntamiento de Madrid ha subido esta cuantía hasta los 400.000 euros.