Los vecinos de San Fernando de Henares insisten en la mala gestión de la Comunidad de Madrid respecto del suburbano, cuyas obras se prolongarán, como mínimo, hasta 2026

La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, tapaba con lonas las viviendas afectadas por las obras de la línea 7 de Metro. Las telas gigantes, catalogadas por los principales damnificados por estas operaciones como las lonas “de la vergüenza”, caían esta semana, dejando con ello al descubierto la situación en la que se encuentran los edificios.

Los testimonios de los vecinos son demoledores. Álex Escribano, afectado gravemente por las obras, declaraba X, anterior Twitter, que “entre ese amasijo de escombros” que queda al descubierto estaba su casa. “He vivido 22 años allí hasta que el gobierno de Ayuso me echó para siempre (…) Ahora tengo que ir a juicio para tener un techo en el que vivir porque no me dan otra casa. Ni a mí ni a nadie”, lamentaba. “Gastar dinero público en montar andamios con lonas innecesarias para evitar la imagen de más derribos (…) Me pinchan y no sangro”.

No tardaron desde el Ejecutivo madrileño en dar orden para que las lonas se volvieran a colocar, tal y como muestran otros vídeos que los vecinos -bajo el nombre de Plataforma Afectados Metro Línea 7b San Fernando– también subieron a internet y que se corresponden con esa misma noche.

Desalojo de casi 200 vecinos y obras hasta 2026

El problema por las obras para la ampliación de la línea 7 de Metro se mantiene y podría prorrogarse, como mínimo, hasta 2026, según dicen desde la administración de Sol. La intención del ejecutivo de Ayuso pasa por resolver el “grave problema” derivado del hundimiento en el tramo que une San Fernando con el Hospital de Henares.

Así consta en un contrato firmado para sustituir el servicio de transporte con autobuses que se podría prorrogar hasta 2027, pero también cancelarse antes de tiempo en el caso de que los trabajos hayan finalizado, algo que, sin embargo, parece poco probable dado el ritmo al que avanzan las obras.

El resultado de todo esto, a pesar de que la Administración madrileña sabe desde 2020 que el túnel del Metro está en mal estado por los movimientos del terreno provocados por la entrada de agua -así consta en un informe al que tuvo acceso El País– el problema ha empeorado, dejando una gran inestabilidad en la infraestructura y causando el desalojo de unos 200 vecinos por el derribo de 73 viviendas.

La lectura que la plataforma de afectados hace del documento es que Sol tenía conocimiento de cómo estaban las cosas desde hace cuatro años y que no han actuado para solventar la problemática. Por su parte, la Comunidad explica que ha efectuado tres campañas de consolidación del terreno de cemento en más de 10.000 metros cuadrados de superficie y que ha elaborado un plan integral dotado de más de 120 millones que se está llevando a cabo de manera progresiva.

En la práctica, esta manera de proceder explicaría, por ejemplo, que se hayan tardado cuatro años en licitar las obras propuestas para mejorar el drenaje exterior de la Estación de Henares, zona desde la que se filtra el agua al subsuelo, lo que ha causado hasta nueve cierres en 15 años que tiene la infraestructura.

En otro orden de cosas, el pasado mes de junio daban comienzo las labores para la impermeabilización y consolidación de la cara exterior del túnel entre San Fernando de Henares y el Hospital de Henares. Esta operación se prolongará siete meses, mientras que a finales de julio se ha cerrado otro tramo de la línea -el que queda comprendido entre el Barrio del Puerto y San Fernando- por labores de mantenimiento y consolidación.

Este segundo proceso durará nueve meses y afecta a los 120.000 habitantes, algunos de ellos también de Coslada y San Fernando, y está pensando para intentar cortar acabar con un problema originado por la obra para dar forma a la infraestructura, que facilitó la entrada de agua en el subsuelo.

La mala gestión -acusan los vecinos que se han visto gravemente afectados por las obras para ampliar la red de Metro- ha provocado que la Comunidad de Madrid haya tenido que pagar ya 8.861.000 euros en indemnizaciones a propietarios de 27 plazas de garajes y 34 viviendas, según proyecta la ley de transparencia. Todavía faltan 62 expedientes -12 tramitados y 59 en fase de tramitación-.

De los afectados, únicamente 25 personas han mostrado su conformidad con la indemnización recibida del gobierno regional a la vez que un tramo de la línea 7b se mantiene cortado desde hace dos años, sin que se descarte su cierre.