El presidente tiene entre ceja y ceja las políticas de Madrid desde 2019. Moncloa recrudece ahora sus acusaciones de favorecer a las grandes fortunas y eliminar derechos
La Comunidad de Madrid se ha convertido en una de las grandes fijaciones de Pedro Sánchez en los últimos cinco años. Desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a Sol en 2019, el líder de los socialistas no ha cejado en su empeño de torpedear las políticas económicas y sociales de la región. Es especialmente obsesivo el capítulo fiscal, que vive ahora uno de sus puntos más álgidos en la estrategia de desgaste que Moncloa ha puesto en marcha.
Desde que se supo que el PSOE había pactado con ERC un concierto catalán que amenaza seriamente la caja común de todos los españoles, Ferraz ha pasado al ataque para tapar todo lo que está por venir. Se avecinan subidas impositivas de toda índole, que afectarán especialmente a la Comunidad de Madrid, y que como ha informado Vozpópuli este sábado, también lo harán a todos los españoles menos a los catalanes, ya que sólo podrá sufragar realmente este cupo una subida general del IRPF de 13.000 millones.
Díaz Ayuso es el enemigo número uno de Sánchez, quien le confronta directamente, preside una comunidad con unas políticas opuestas a las del Gobierno central y bate al PSOE en las urnas. Desvelar datos privados de un particular, en este caso Alberto González Amador, pareja de la presidenta, con fines políticos, cuando se destapan los ‘casos Koldo, Begoña y David Sánchez’, acusaciones de ‘dumping’ fiscal y sobre favorecimientos a las grandes fortunas cuando Madrid tiene el IRPF más bajo para rentas bajas, y el señalamiento constante allá donde Sánchez tenga un mitin o incluso un acto institucional como este miércoles.
Una obsesión por la que Sánchez está dispuesto a todo, sin que se descarte ahora finiquitar el proyecto del PSM, con Juan Lobato a la cabeza, para colocar a Francisco Martín, delegado del Gobierno, con tal de presentar una batalla política en la Comunidad de Madrid más beligerante. Pesan, y mucho, los treinta años que lleva el PSOE fuera de Sol, especialmente en la actualidad, donde la distancia entre el PP de Ayuso y el resto de formaciones, incluida la socialista, se encuentra a años luz en término de votos.
Al margen del relato que Moncloa ha construido en torno a las políticas fiscales, sanitarias o culturales de Ayuso, también ha llegado la crisis migratoria, una en la que el Gobierno ha maniobrado para asignar una gran cantidad de menores no acompañados a la región de Madrid. Saturando los centros de primera acogida y obligando al Ejecutivo del PP a acometer reformas y pertrechar nuevos centros como el de La Cantueña (Fuenlabrada).
Unas obras que el Ayuntamiento de la localidad, dirigido por el socialista Javier Ayala, ha intentado torpedear por vía judicial, sin éxito finalmente. Es decir, el PSOE envía a estos menores a la Comunidad de Madrid para que un consistorio también socialista trate de evitar que la CAM cumpla con las responsabilidades que Moncloa le ha puesto encima de la mesa. Un delirio a medida.
El relato sobre la sanidad
El relato de Sánchez contra Díaz Ayuso protagonizó el acto institucional de apertura del curso este miércoles en el Instituto Cervantes. El presidente aseguró que “sólo en el último año, 1.000 millones de euros públicos se han ido a la sanidad privada en Madrid. En Valencia se ha recortado en un 20% las plazas de residencias públicas de mayores. Nuestro modelo es el contrario […] La sanidad, la educación, la dependencia no son mercancías, son derechos. No deben ser negocio para unos pocos, como están haciendo barones del PP”.
Desde Sol desmienten que se desvíe un solo euro de los más de 10.000 millones de euros de dinero público destinado a la Sanidad pública. Los conciertos privados en la Comunidad de Madrid suponen el 11%, frente a, por ejemplo, más del 23% en Cataluña. En la Comunidad de Madrid, de los 35 hospitales del Servicio Madrileño de Salud, sólo seis, incluido el Gómez Ulla, que depende de Defensa, son hospitales públicos de gestión indirecta. El modelo catalán supone que de los 56 hospitales que forman su red sanitaria, ocho pertenecen al Instituto Catalán de Salud.
Este debate se produce en un escenario en el que los últimos datos sobre listas de espera en sanidad se disparan mientras Madrid resiste como la CCAA que más rápido atiende. Un español espera de media 128 días para ser operado, más de cuatro meses. Un madrileño espera 51 días para ser operado, tres veces menos que un extremeño, un andaluz o un cántabro. En Madrid, el porcentaje de pacientes que esperan más de 6 meses es del 0,8 % mientras que en Cataluña ese porcentaje asciende al 29,9%, en Canarias es del 27,6% y en Castilla La Mancha 11,6%.
Hay que tener en cuenta además que Madrid, con un 14% de la población española, y que genera más de un 19% del PIB, recibió en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 el 9,7% del total de las inversiones territorializadas, mientras las inversiones en Cataluña suponen el 17,2% del total.
Modelo fiscal de éxito
En un tono y unas palabras propias de un mitin electoral, en lo que se ha interpretado como un intento de desviar la atención del cupo catalán pactado con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa, el presidente del Gobierno ha añadido que “las derechas han dedicado los recursos a financiar regalos fiscales a los de arriba. En estos años, el Gobierno ha dado a Madrid 100.000 millones de euros, un 21% más que con Rajoy. Pero los recortes en impuestos para beneficiar a los de arriba redujeron los ingresos en Madrid en 31.000 millones”.
La liquidación del sistema de financiación muestra que Madrid ha tenido unos ingresos tributarios homogéneos entre 2018 y 2022, últimos datos disponibles, de 22.952, 24.405, 22.553, 25.446 y 29.245 millones, respectivamente.
Madrid se viene reforzando como el motor económico de España y aporta hasta el 19,3% del PIB. El sorpasso de Madrid a Cataluña se produjo en 2017, el año del desafío secesionista, y se ha consolidado, a pesar de contar con cerca de un millón menos de habitantes. El mayor crecimiento de la economía madrileña se observaba desde los años 90, cuando su PIB suponía cerca del 15,5% del PIB nacional frente al 19% de Cataluña, pero la convergencia se aceleró a partir de 2004.
Tras el estallido de la crisis inmobiliaria, la apuesta por los impuestos bajos y la libertad económica madrileña contribuyeron a impulsar la actividad en la región, mientras que el incremento de la deuda y los impuestos en Cataluña lastraban todavía más su PIB.
El fenómeno del sorpasso se observa en otros parámetros. En 2018, la Comunidad de Madrid sobrepasó a Cataluña en cuento al número de empresas, con 328.058 frente a las 323.601 que se contabilizaron en Cataluña. Estas cifras se van acrecentado y son ya en 2022 (últimos datos disponibles), de 346.824 empresas en Madrid y 333.205 en Cataluña. Las diferencias a favor de Cataluña en número de empresas con sede fiscal en su territorio llegaron a ser de más de 30.000 en 2002, año en que arranca la Estadística de cuentas anuales no consolidadas del Impuesto sobre Sociedades de la Agencia Tributaria, cuando reunía 220.114 frente a 189.640 Madrid.
En lo que respecta a la inversión, Madrid acapara el 60% de la inversión extranjera en España, cuatro veces más que Cataluña. La brecha ha aumentado en la última década. En el último trimestre acabaron en Madrid 4.000 millones de euros de los 6.700 millones que entraron en España.
La que más impuestos baja y la que más aporta
La Comunidad de Madrid ha generado un ahorro fiscal a los madrileños de 74.883 millones de euros desde que se aprobaron las primeras bajadas de impuestos en 2004, o lo que es lo mismo, 20.800 euros por contribuyente, según cálculos de Sol. Desde ese año, los distintos gobiernos madrileños han dado continuidad a una política fiscal basada en impuestos bajos en la que se han bajado todos los impuestos de gestión autonómica en varias ocasiones, sin subir ninguno.
En estos años, se han llevado a cabo seis rebajas de la escala autonómica en el IRPF, incluyendo las dos deflactaciones (2007, 2014, 2015, 2018, 2022 y 2023) y se han creado nuevas deducciones y ampliado las ya existentes relacionadas con el nacimiento o adopción de hijos, gastos educativos, arrendamiento de vivienda habitual, familias numerosas o el cuidado de personas mayores o con discapacidad en el entorno familiar, entre otras. Todas estas medidas han generado un ahorro de 10.899 millones, de los que 5.761, más de la mitad, se han producido desde 2019.
Bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, en el que se han aprobado 22 bajadas a través de ocho leyes (una de ellas en tramitación, referida a la deducción para nuevos contribuyentes), como la rebaja de medio punto en todos los tramos de la escala autonómica del IPRF, se ha deflactado dicho impuesto en dos ocasiones y se han puesto en marcha o ampliado 13 deducciones.
Además, en el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se han equiparado a los menores acogidos y tutelados con los descendientes y adoptados, y se ha ampliado y unificado al 25% la bonificación entre hermanos y entre tíos y sobrinos. También se han suprimido todos los tributos propios, convirtiendo a Madrid en la única región de régimen común sin este tipo de impuestos.
Con todo, la Comunidad de Madrid es la que más aporta -siendo con Cataluña en segundo lugar, y Baleares, en tercero, las tres únicas aportadoras netas, con gran diferencia, a la solidaridad regional-, un total de 36.015 millones entre 2009 y 2019, el 43,35% del total. Así lo muestra un estudio que han realizado José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, y Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo.
Estas diferencias crecen además con el tiempo al ir ganando la Comunidad de Madrid capacidad financiera, apuntan Sanz y Álvarez. Este fenómeno se produce a pesar de que la Comunidad de Madrid no es la que tiene una mayor capacidad tributaria, sino que se sitúa en segunda posición, por detrás de Cataluña.
Imperfecciones y grises del sistema
Alertar sobre las consecuencias del pacto entre el PSOE y ERC no implica no reconocer las imperfecciones del sistema vigente, como hacen Jesús Fernández-Villaverde y Francisco de la Torre en El Confidencial en El concierto para Cataluña (I): lo que hay y sus problemas. En esta primera entrega desmontan la irracionalidad de atribuir a un efecto capitalidad la atracción de sedes sociales de empresas que desde 2017 se debe a la inseguridad jurídica en Cataluña, pero sí consideran que Madrid, junto con otras comunidades, se ha aprovechado del sistema vigente.
De la Torre explica a Vozpópuli que esto se debe a que “si se deja a cero los impuestos patrimoniales, se pierde su recaudación, pero se atrae a contribuyentes de alto poder adquisitivo. La mayor parte del IRPF que se recauda de más (el 75%) va a los demás territorios, pero no todo. Y esos contribuyentes demandan mucho menos gasto, menos educación y sanidad pública. Eso sí, el resto de CCAA pierden ingresos fiscales. Eso lo permite el actual sistema y lo único racional sería acotarlo, incluyendo a las forales, y no dinamitar el sistema”.
Este inspector de Hacienda, ex diputado de Ciudadanos y autor de Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos (Debate, Penguin Random House) advierte de que la financiación es un “tema gris y complejo”.
Preguntado en una entrevista con El Mundo por si tiene sentido quejarse por el modelo singular catalán si se adopta una política de bajada de impuestos, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, responde: “Tal como está diseñado el sistema de financiación, la contribución de Madrid a la caja común del sistema de financiación, con buen criterio, se calcula antes de que la comunidad baje o suba los impuestos que puede modificar y por lo tanto no depende de sus decisiones en este ámbito. Aunque Madrid baje el IRPF a sus ciudadanos, su contribución al sistema no varía, tiene que apechugar con la diferencia. Otra cosa es que internamente esto suponga una menor redistribución, pero eso no afecta a las demás comunidades y es una decisión de política interna que a la mayoría de los madrileños parece que ya les va bien, a juzgar por los resultados de las elecciones recientes”.
