El Partido Popular no tiene una apuesta clara en política exterior. Las políticas antimigratorias de Italia y Grecia son un “ejemplo” para Génova, pero no concretan cómo las aplicarían en España.

La noticia más destacada en el área de Internacional de la página web del Partido Popular es una reunión de Pablo Casado con el presidente de Chipre en diciembre de 2021. Ni uno ni otro ocupan ya ese cargo. Está rodeada de numerosas notas de prensa sobre las recientes elecciones en Venezuela y varios vídeos con intervenciones parlamentarias de su grupo. Todas del año 2020. Una de ellas pronunciada por el exdiputado Mario Garcés, a quien dejaron fuera de las listas el 23 de julio. Es decir, si uno acude a la web del PP para hacerse una idea de sus propuestas en política exterior, no encontrará nada. Está desactualizada. Vacía de propuestas, de contenidos propios. Es una ventana al PP de Casado —aunque han pasado ya más de dos años desde que Alberto Núñez Feijóo asumió los mandos del partido—y a los reproches contra el Gobierno.

Es en el programa electoral de las últimas generales donde aparecen las líneas maestras del PP en esta materia. En él, los de Feijóo se comprometían a promover “un razonable equilibrio entre Marruecos y Argelia” sin olvidar las “responsabilidades con el pueblo saharaui”; garantizar la “libertad y democracia” en “Cuba, Venezuela y Nicaragua”; “reforzar las Fuerzas Armadas como garantía del prestigio nacional, la disuasión y la defensa ante toda amenaza”; “la promoción, la defensa y el respeto al español y a la cultura e historia de España” como objetivo; y reforzar el deporte como “elemento clave de la identidad global” del país. Todo ello de la mano de un profundo europeísmo y bajo dos máximas: “liderar” e “influir”.

Pero en el último año se han ido sucediendo acontecimientos en la esfera internacional a los que Feijóo y los suyos se han enfrentado con una absoluta indefinición. Para algunos es “marca de la casa” del expresidente de la Xunta de Galicia, que se mueve cómodo en el equilibrismo; para otros evidencia las dificultades de estar en la oposición. “La política exterior es lo mas difícil estando en la oposición, tienes poco o nada que hacer”, razona un veterano dirigente del PP.

Ante eso, vaguedad y oposición al Gobierno. Es el caso, por ejemplo, del reconocimiento de Palestina como Estado. El líder gallego, tras semanas de titubeos y con el ala dura de su partido —en boca de José María Aznar—dejando claro que para ellos “eso no existe”, abogó por la “solución de los dos Estados”, pero siempre y cuando antes se pusiese fin a la guerra. Para el presidente del PP reconocer a Palestina en medio del genocidio de Israel en Gaza —en ningún caso lo definen así los populares— es un “premio” a Hamás.

Feijóo no solo dejó al PP al mismo en el mismo sitio en el que estaba en 2014, cuando el Parlamento aprobó por consenso una iniciativa para la llamada “solución de los dos Estados”, pese a que la respuesta militar de Israel en Gaza ha matado a casi 40.000 palestinos y herido a más de 90.000, entre ellos niños y niñas, sino que ha hecho suyos los ataques del Gobierno de Benjamin Netanyahu contra el Ejecutivo español.

Ayuso toma la delantera

Cuando todo esto sucedía y mientras Feijóo hacía equilibrios para abarcar todas las posiciones al mismo tiempo, Isabel Díaz Ayuso anunciaba que la Comunidad de Madrid rechaza el reconocimiento de Palestina y no rompería relaciones con Israel. Más allá del irrisorio alcance de este anuncio, la presidenta madrileña adelantaba a todos los demás dirigentes de su partido.

Fue también lo que hizo cuando entregó la Medalla Internacional de Madrid al presidente argentino, Javier Milei. Aquello provocó malestar entre dirigentes de la dirección nacional y líderes territorios, que creen que comprometió al PP más de la cuenta con ese gesto tan buscado como “innecesario”, apuntan fuentes populares. El ultra argentino es uno de los líderes más polémicos a nivel mundial y en Génova procuran ir con pies de plomo: les incomoda tener que posicionarse ante sus salidas de tono, pero simpatizan con el cambio de gobierno que provocó en Argentina y con su rechazo absoluto al socialismo. De nuevo, indefinición.

Tras la visita de Milei, una bomba para la dirección nacional de su partido —que tiene claro que la figura del argentino moviliza a la izquierda—, Ayuso viajó a finales de junio a Alemania para mantener una ronda de entrevistas de alto nivel: con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde y con su vicepresidente, Luis de Guindos. Se vio también con directivos de empresas como Siemens, DHL y Deutsche Bank. “Son cosas que puedes hacer cuando eres presidente”, zanja un miembro del PP.

Las políticas antimigratorias de Italia y Grecia, el ejemplo

Pero si hay un asunto que domina la actualidad y que exige la definición de su postura al PP, es la migración. También aquí Feijóo titubea. Los populares han tumbado, junto a Junts y Vox, la toma consideración de la reforma de la ley de extranjería porque rechazan la reubicación obligatoria de los menores migrantes no acompañados entre todos los territorios. Sin embargo, no hay una propuesta alternativa y firma del PP encima de la mesa. Su modelo, y así lo han verbalizado con la boca pequeña, es el de Grecia e Italia.

En Grecia, donde ahora gobierna el conservador Kyriakos Mitsotakis, se han blindado las fronteras terrestres con la construcción de un muro con Turquía y se han aprobado medidas como la aceleración de las devoluciones a Turquía de personas a las que se les ha denegado el asilo político. A finales de 2023 dieron el visto bueno a la regularización de 30.000 inmigrantes para hacer frente a la escasez de mano de obra.

Y en la Italia de Giorgia Meloni la legislación contra los migrantes no ha hecho más que endurecerse. La neofascista italiana ha aprobado cuatro paquetes normativos a través de los cuales busca facilitar la expulsión de menores no acompañados por la vía de acelerar las pruebas clínicas para verificar su edad. Al mismo tiempo, se ha ocupado de dificultar las misiones de los barcos de las ONG asignándoles puertos lejanos para desembarcar migrantes; de eliminar la “protección especial”, una tutela que el ordenamiento de Italia ofrece a los migrantes que no tienen derecho al asilo o a la protección subsidiara; y de alargar el tiempo de retención de los sentenciados a la expulsión hasta el máximo legal permitido por la Unión Europea, 18 meses.

Cuando en Génova deliberaban qué hacer ante la reforma de la ley de extranjería presentada por el Gobierno, pactada con Gobierno de Canarias del que forman parte, Ayuso fue la primera en poner pie en pared y dejar negro sobre blanco su rechazo.