El gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ve cada vez “menos margen” para implementar rebajas fiscales y condiciona el recorte de medio punto del IRPF anunciado en 2023 a que el anterior (ejecutado en 2022) haya redundado en un aumento de la recaudación. Así lo afirmó el jueves la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en un encuentro con periodistas en el que vino a admitir que la política de recortes impositivos que ha asumido el PP en la región desde 2004 (renunciado a ingresar vía reducción de impuestos más de 65.000 millones de euros) tiene límites. Además, la integrante del ejecutivo de Díaz Ayuso también aclaró que los residentes en el extranjero que se trasladen a vivir a Madrid podrán deducirse en los siguientes años hasta el 20% de las inversiones que realicen en la cuota autonómica del impuesto incluso si esas inversiones se hacen fuera de la región o de España.

“Nuestra política fiscal siempre es, en la medida de lo posible, rebajar la presión fiscal”, afirmó Albert. “Dicho esto, no podemos, a día de hoy, plantearnos la rebaja de medio punto [del IRFP] hasta que no veamos, que lo vamos a ver a finales de este mes, cómo ha sido la última bajada correspondiente a 2022 (…) [y] si se cumple la premisa que decimos siempre: que cuando se han bajado los impuestos se ha recaudado más (…) No podemos llevar a cabo nuevas bajadas sin saber los resultados”, añadió. “Cuando uno va haciendo diversas rebajas fiscales, cada vez tiene menos margen. Lógico”, argumentó. “Si tenemos bonificado sucesiones al 99%, es obvio que tenemos menos margen que otras Comunidades Autónomas que las tienen menos bonificadas, y que por tanto cada vez nuestra capacidad de actuación es menor”, ejemplificó. Y remató: “En función de cómo vaya la actividad económica, y de cuáles sean los resultados de la última bajada, de 2022, decidiremos si hay capacidad. Nuestra idea es siempre bajar los impuestos, siempre que eso no sea llegar a una situación problemática”.

Albert mostró así su coincidencia con Ayuso, que en febrero sorprendió a su partido al advertir de que la política de rebajas fiscales del PP en Madrid se agota.

“Llevamos reduciendo impuestos de manera consecutiva muchos años y por tanto nuestros márgenes se van complicando”, dijo entonces.

Eso no significa que el PP renuncie a la rebaja de medio punto del IRPF para todos los tramos. Lo dijo la presidenta en febrero (”A lo largo de la legislatura, tenemos que hacer una reducción de medio punto del IRPF (…) todavía vamos a tener un margen en ese sentido”) y lo recalcó Albert este jueves (”Lo que está en nuestro programa electoral, nosotros lo cumplimos”).

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Sin embargo, la consejera quiere conocer antes los resultados de la rebaja impositiva anterior en la recaudación, y cerciorarse de que se ha cumplido el axioma de la curva de Laffer, tan discutido por numerosos expertos como defendido por otros: a menos impuestos, más actividad económica y más recaudación.

Lo que se sabe de la anterior rebaja del IRPF, que entró en vigor en 2022, es que tuvo un impacto de 300 millones y que favoreció más a las rentas más altas en términos absolutos.

Derecho europeo
Así, cuando se presentó el proyecto, la Comunidad calculó que, en el tramo más bajo, los contribuyentes de hasta 12.450 euros se quedarían con 4,42 euros más en la cuenta que antes. En comparación, los contribuyentes desde 53.407,21 en adelante ahorrarían de 507,76 euros para arriba. Y los algo más de 3,3 millones de declarantes de IRPF en la Comunidad se beneficiarían en promedio de una reducción de su factura por IRPF de 98,75 euros (un 3,44% de su cuota íntegra autonómica).

Esos datos sirven de contexto para la rebaja que se diseña ahora, aunque muchas cosas han cambiado desde entonces. Para empezar, ha habido largos meses con la inflación disparada, lo que llevó al Ejecutivo regional a deflactar el IRPF, lo que en 2022 suponía 44 euros de ahorro para las rentas bajas y 189 para las altas. La medida antiinflacción volvió a adoptarse en 2023. Ese año, además, las arcas públicas vivieron un terremoto: el gobierno regional anunció que empezará a cobrar ele impuesto del Patrimonio a las fortunas de más de 3 millones de euros, tras avalar el Tribunal Constitucional un gravamen diseñado por el Estado, y para no renunciar a 555 millones de euros de) tiene límites.

Además, la consejera de Díaz Ayuso también aclaró que los residentes en el extranjero desde hace al menos un lustro que se trasladen a vivir a Madrid podrán deducirse en los siguientes años hasta el 20% de las inversiones que realicen en la cuota autonómica del impuesto incluso si esas inversiones se hacen fuera de la región o de España. La explicación, amplió luego un portavoz de la consejería, es que exigir que las inversiones se produzcan en Madrid podría ser contrario al derecho europeo, que prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales y a los pagos, tanto entre Estados miembros, como con terceros países.

“La inversión puede ser en cualquier empresa, esté en Madrid o fuera”, dijo Albert. “La clave es que [los inversores] tienen que ser residentes fiscales en Madrid, y por tanto van a declarar sus impuestos aquí, y tener una actividad por cuenta ajena o propia aquí”, siguió. “Se trata de atraer talento”.

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